El principal problema de la Polonia independiente fue de índole económica: en 1990 la hiperinflación, fuera de control, llegó a un 500%; la gran deuda externa no permitía ningún tipo de inversiones. Los factores como el paro encubierto, la industria anticuada y poco rentable, y el sistema de agricultura dificultaban aún más la situación. La ley de liberalización de las actividades económicas del año 1988 y la liberalización de los precios aprobada en julio de 1989 no produjeron los resultados esperados. Polonia optó entonces por poner en marcha el llamado "Plan de Balcerowicz", cuyo autor era el ministro de finanzas del momento. Este plan se basaba en la liberalización de los precios en el mercado interior, en el crecimiento de las importaciones, en un control más estricto de salarios y de la política financiera de las empresas, en la aplicación de intereses bancarios superiores a la inflación; en la estabilización del tipo de cambio del dólar estadounidense y en la introducción de la convertibilidad del zloty. Como resultado, la economía polaca se estabilizó y se abrió a los mercados del mundo. Se reformó el sistema bancario y la política financiera y crediticia. Se crearon en Polonia el mercado de capitales y el mercado laboral. En julio de 1990 el Parlamento aprobó la Ley de Privatizaciones. En julio de 1991 se introdujo el IRPF y en 1992, el IVA.
La transformación de la propiedad, la independización de las empresas y la estimulación de la competencia en el mercado interior desempeñaron un papel destacado entre las demás reformas del sistema. La política de privatización del patrimonio estatal, la introducción de los principios del mercado libre y una radical reducción del déficit presupuestario comenzaron a aportar resultados. En 1992 la inflación se redujo al 43%, en los años sucesivos bajó a un solo dígito; a finales del año 2001 no llegaba al 4%. Los éxitos económicos de los gobiernos sucesivos impulsaron a los acreedores a la reducción de la deuda polaca en un 50% y a las empresas occidentales a invertir en Polonia. La Bolsa de Valores de Varsovia inició su funcionamiento en 1991. El PIB siguió creciendo, desde el 4% en 1993 hasta el 7% en 1995. El zloty, plenamente convertible, se devaluó en 1995 aplicando el cambio de 1 zloty nuevo (PLN) por cada 10.000 zlotys "viejos"; el éxito de las reformas financieras estabilizó el tipo de cambio respecto al dólar.
Al igual que ocurrió en los países de la Unión Europea, la privatización resultó más complicada en el caso de la industria pesada, por su gran impacto social. Aún se está llevando a cabo el proceso de privatización de un grupo de grandes empresas de la industria siderúrgica, química y de maquinaria. Lo mismo sucede en el sector de la energía, donde la privatización también está en marcha y continua creciendo el interés de los inversores extranjeros en el sector del gas, del transporte (principalmente PKP - los ferrocarriles polacos) y en el sector de la minería. Los cambios en la estructura de la propiedad en la economía polaca y el correcto funcionamiento del mercado han exigido la creación de un marco legal que respaldase el desarrollo de una competencia libre y sana. Este proceso culminó, a finales de los años 90, con la aprobación de las leyes sobre libertad de actividades económicas, de normas para la concesión de ayudas públicas y su control, así como de la normativa necesaria para la implantación del acquis communautaire (orden jurídico de la Unión Europea) aplicables al libre movimiento de bienes (los criterios nacionales de cumplimiento, la responsabilidad del fabricante por su producto y la seguridad del mismo). La nueva Ley de Sociedades, que entró en vigor en 2001, cumple plenamente con los requisitos comunitarios que determinan el procedimiento de registro y funcionamiento de los sujetos económicos.
Transcurridos ya diez años desde el inicio del proceso, el nivel de desregulación de la economía polaca se ha acercado al de la UE. Gracias a las constantes modificaciones de las normas heredadas de la economía comunista están desapareciendo las últimas diferencias en el tratamiento de sujetos económicos. Ya han dejado de importar la forma de la propiedad, el tamaño, el sector de actividad o la nacionalidad del propietario de la empresa.
